Pocoyo y el juego sucio en la Justicia. Estrasburgo (II)

Reproduzco a continuación un nuevo post, continuación del anterior, en el que se ponen de relieve las irregularidades llevadas a cabo por la administración de Justicia en el proceso por el que se me ha despojado de la empresa titular sobre los derechos de Pocoyo y de todos mis bienes.

Lo podrán encontrar en la web de la Asociación de Víctimas de Tortura por denunciar corrupción. Pinche aqui para leerlo en origen.

Lo reproduzco literalmente:

“Cuando en un asunto judicial crees que no ha sido posible alcanzar Justicia -una vez agotados todos los recursos de que se disponen en España- se puede acudir como vía subsidiaria ante Tribunales Internacionales. En Estrasburgo está uno de ellos: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Es la máxima autoridad judicial en garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa, excepto Bielorrusia, Kazajistán y la Ciudad del Vaticano.

Se trata de un tribunal internacional ante el que cualquier persona que considere haber sido víctima de una violación de sus derechos reconocidos por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales(CEDH) o cualquiera de sus Protocolos adicionales, mientras se encontraba legalmente bajo la jurisdicción de un Estado miembro del Consejo de Europa, y que haya agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en ese Estado, puede presentar una denuncia contra dicho Estado por violación del Convenio.

Este Convenio es un tratado por el que los 47 Estados miembros del Consejo de Europa (todos los Estados europeos salvo Bielorrusia, Kazajistány la Ciudad del Vaticano) han acordado comprometerse a proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, tipificarlos, establecer el Tribunal y someterse a su jurisdicción, es decir, acatar y ejecutar sus sentencias.

La ejecución de las sentencias del Tribunal por los Estados miembros que han sido condenados está supervisada por el Comité de Ministros, órgano decisorio del Consejo de Europa compuesto por un representante de cada Estado miembro.

Es importante resaltar que el TEDH no es una institución de la Unión Europea, no está relacionado con ella ni por lo tanto con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El TEDH es un órgano judicial que se crea en virtud del CEDH.

El Tribunal tiene su sede en la ciudad de Estrasburgo (Francia).

Una última aclaración: los derechos humanos y libertades fundamentales tipificados en el Convenio, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la Convención Europea de Derechos Humanos son, en sustancia, los mismos.

Pues bien, con toda esta información acudió el Sr. Castillejoa la Corte de Estrasburgo de manera subsidiaria. Se trataba de encontrar protección ante la violación de sus Derechos ante la Justicia española.

Alguna de las vías judiciales se habían agotado en España: los jueces españoles se habían negado a hacer caso a los argumentos y documentos esgrimidos y habían archivado. Primero, aparentemente en protección de una Jueza que había actuado de manera, como mínimo, irregular y posteriormente, aparentemente también, en venganza por haber denunciado a funcionarios de la Justicia.

Se describió en el post anterior: Pocoyo y el juego sucio en la Justicia (I).(pinche para leerlo)

Pues bien, en Julio de 2018 presentó el Sr. Castillejo ante la Corte de Estrasburgo una Demanda contra el estado español. Es importante aclarar llegados a este punto, que ante el Tribunal de Estrasburgo se demanda a los Estados parte. No a los ciudadanos u organizaciones que hayan podido vulnerar Derechos Fundamentales. Si un funcionario público viola Derechos Fundamentales recogidos en el Convenio del que hemos hablado, es el Estado quien ha de hacerse responsable y es al Estado -responsable de sus funcionarios públicos- a quien se ha de denunciar ante la Corte de Estrasburgo.

La Demanda era por las irregularidades que se habían llevado a cabo por parte del Juzgado Mercantil en la convocatoria, celebración y posterior adjudicación de un paquete de acciones de Zinkia Entertainment, S.A.. Una empresa creada por el Sr. Castillejo y propietaria de los derechos sobre el famoso personaje Pocoyo.

Se denunciaron y documentaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) las siguientes irregularidades por parte del Juzgado:

  1. El Juzgado Mercantil había convocado la Subasta de una acciones sin que la convocatoria fuera firme. Es decir, sin poder hacerlo. El Decreto de Subasta fue recurrido en tiempo y forma y el Juzgado, por medio de una Diligencia de Ordenación, el 14 de enero, tuvo por formulado el Recurso y lo admitió al cumplir con los requisitos establecidos. Es decir, el Juzgado admitía que se estaba discutiendo el proceso para que la Subasta pudiera ser firme y por tanto, para que pudiera celebrarse. ¿Cual es el problema? Que para cuando el Juzgado admitió el Recurso sobre el Decreto de Subasta que, recordamos, lo admitió porque cumplía con todos los requisitos, la Subasta se había convocado, la Subasta se había celebrado y los bienes que se subastaban, se habían adjudicado. El propio Juzgado, en Auto de la Jueza de 29 de julio lo vino a reconocer poco después: “…se anunció en el BOE a pesar de que la citada resolución no era firme…” 

 

  1. El Decreto de Subasta dió a los acciones a subastar una denominación errónea. Además lo hizo a sabiendas de que así lo estaban haciendo. Semanas antes del Decreto, el Sr. Castillejo presentó un escrito al Juzgado -el 9 de noviembre- poniendo de relieve los errores que se estaban cometiendo. El Juzgado sin embargo, ignoró las advertencias y siguió adelante con la convocatoria de la subasta en la que se recogían los detalles de los activos a subastar con datos erróneos.

 

¿Cual era la consecuencia? Se pretendía sacar a Subasta y vender unas acciones que NO existían:

  • Se cambiaban los datos del nombre de las acciones. Esto podría considerarse como un “error leve“.
  • Se cambiaban los datos del ISIN de las acciones. Este es un “error grave“. El ISINes el número de identificación de las acciones. Algo así como la matrícula de un coche, o el número de bastidor. Dos coches iguales, tienen matrículas y número de bastidor diferentes. Son diferentes. No cabe duda. Lo mismo pasa con las acciones cotizadas. El ISIN, por otra parte, es un número unívoco y así lo define la Comisión Nacional del Mercado de Valores(CNMV) en su propia web. Unívoco quiere decir que no admite error, lo contrario a ambiguo. No se admiten errores en código ISIN (ver extracto pag web CNMV 10 julio 2017)

Veamos a continuación lo que dice la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores(CNMV) acerca del ISINy veamos también cual es la definición de unívocode acuerdo con el Diccionario.

 

Como se puede entender de lo expresado en la web de la CNMV y de la definición de “unívoco” (que es lo contrario a ambiguo) se habían sacado a subasta unas acciones que, al tener el ISIN cambiado, eran simplemente diferentes a las acciones de Zinkia existentes en el mercado y de las que era titular la empresa de José María Castillejo. El ISIN no admite error. Es un número unívoco.

Como se ha visto, se había advertido al Juzgado del error a tiempo para que lo subsanasen. El Juzgado se negó a hacer caso de la advertencia. Parece un claro caso de prevaricación judicial.

Decidieron vender y vendieron en Subasta unas acciones que NO EXISTÍAN.

Evidentemente esto hizo que nadie, salvo el oponente, se presentaran a pujar. Si ya el precio lo había establecido él mismo a petición del propio Juzgado y lo había hecho decenas de veces por debajo del valor de tasación realizado por el propio Juzgado, al no acudir nadie a pujar… con esta estratagema lograría adjudicarse las acciones por un 30% del valor de tasación al que habían salido a Subasta.

Pero… volvamos a recordar lo que estábamos explicando: todo esto giraba en torno a unas acciones que, tal y como se ha explicado, no existían. Se estaba adjudicando acciones inexistentes.

Lo grave del asunto, como ya se vió en el post anterior Pocoyo y el juego sucio de la Justicia (I),es que no fue eso lo que ocurrió. Sacaron a Subasta unas acciones que no existían, pero a la cuenta de valores del oponente del Sr. Castillejo llegaron unas acciones que sin embargo sí que existían.

Las acciones que finalmente llegaron a la cuenta de valores del oponente estaban depositadas en una Cuenta de Valores de un Banco español. Al Banco se le advirtió el problema y se le advirtió que no traspasara las acciones a la vista de las evidentes irregularidades.

El Banco hizo oídos sordos a las advertencias hechas por vía fehaciente por el Sr. Castillejo y traspasó al oponente unas acciones que no habían sido vendidas en Subasta.

De todo esto se hablaba en la denuncia presentada ante la UDEF referenciada en el primer post. La denuncia que los Jueces de lo Penal entendieron que no presentaba indicio alguno de delito. Volveremos a hablar de ello un poco más adelante en este mismo post.

  1. El juzgado, en el mismo Auto anteriormente referenciado y sólo una vez celebrada la Subasta y adjudicadas las acciones al oponente, admitió que se había cometido el error. Reconocía el error pero, se ve que en un intento por justificarlo, optó por mentir abiertamente. Alegaba la Jueza:

 

  • Que el código ISIN “…es de carácter numérico y en ningún caso alfabético…” (5.2.a). Ya hemos comentado y más arriba hemos podido ver cómo consta en el portal de la CNMV que “…el ISIN es un código de 12 caracteres alfanuméricos…”. Era por tanto falsa la afirmación de la Jueza en el Auto.
  • Que “…las acciones objeto del presente incidente de ejecución estaban debidamente identificadas en el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado” (5.2.c), lo que también era falso. Se aportó un Acta Notarial de 22 de diciembre que acreditaba el error en el Portal de Subastas del BOE, tanto en la identificación de las acciones, como en el ISIN.

  1. Convocaron la Subasta sin fijar justiprecio de los bienes mediante avalúo realizado por tasación pericial, tal como establece el art. 638 LEC y en violación de los arts. 637 y 644 LEC. Para saltarse estas Leyes, el Juzgado hizo dos cosas:

 

  • Hizo valer que esta Subasta que ahora estaban convocando era continuación de una Subasta anterior. Pero eso no era posible: la Subasta previa que se había convocado al efecto lo había sido de carácter extrajudicial y ante un Notario: una vía improcedente, como el mismo Juzgado dejó expresamente indicado en su Auto de 8 de sept de 2015. En ella se indicaba y dejaba claro que habría que dar continuidad al procedimiento de ejecución, pero no continuidad a la Subasta que se había iniciado. Dejaba perfectamente claro que habría que iniciar un proceso de Subasta nuevo, como se puede ver en el último párrafo subrayado debajo.

  • Pidió al oponente, y no a un perito independiente, que hiciera el avalúo de las acciones. ¿Qué precio pondría el oponente a unas acciones que está queriendo ejecutar? ¿Su precio real o el precio que considerara mejor para después quedárselas al mínimo precio posible?

Eso fue lo que hizo el oponente.

El Juzgado admitió ese precio, con independencia de las tasaciones que ya constaban en el propio Juzgado -que establecían un valor superior a 26 Millones de Euros a estas acciones- y con independencia de lo que establece la Ley, como se verá más adelante.

Llama la atención que el Juzgado solicitó de la parte ejecutante la petición de celebración de Subasta y la tasación de los activos a subastar y esa comunicación fue recibida el 25 de Septiembre, como se puede ver por el cajetín de salida. Sin embargo, la carta de petición de subasta y la tasación de las acciones está firmada dos días antes. El 23 de septiembre. Aunque aparece como entregada el día 25.

Como se había visto previamente, a la vista de la negativa a corregir errores advertidos, la estrategia parecía clara:

  • Sacar a Subasta unas acciones que no existían
  • Hacerlo a un precio de tasación lo más bajo posible
  • Una vez que no se presentase nadie a pujar -al ser acciones que no existían-  adjudicar esas acciones al único pujador que se presentaría: el oponente del Sr. Castillejo.
  • A esa adjudicación aplicarle el descuento que establece la ley. Es decir, adjudicarle las acciones por el 30% del precio al que habían sido tasadas por el propio ejecutante y no por el Juzgado.
  • Cuando ya estuvieran adjudicadas, mirar hacia otro lado cuando el Banco entregase al oponente las acciones verdaderas.
  • Cuando el oponente utilizase documentación falsa para que le traspasaran las verdaderas acciones de Zinkia, mirar también hacia otro lado.
  • Cuando el oponente utilizase documentación falsa para hacerse con el control de Zinkia -una sociedad cotizada-, mirar también hacia otro lado.

De todo ello se habló en el post anterior y seguiremos hablando en este y en siguientes.

Sigamos con las irregularidades cometidas por parte del Juzgado en el procedimiento de Subasta de las acciones….

5.- Ejecutaron las acciones sin someter dicha ejecución a las reglas establecidas por el Mercado en el que esas acciones cotizan: el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Infringiendo los arts. 635 y 694 LEC. De la misma manera que tampoco se hizo caso a lo que expresamente venía indicado en el contrato de préstamo que traía causa de la ejecución.

 

6.- Se solicitó la suspensión y anulación de todas estas actuaciones al Juzgado a la vista de las numerosas irregularidades. Tanto de la convocatoria de la Subasta, como de la posterior adjudicación de la misma. Ocurriendo dos cosas cuando menos sorprendentes:

 

  • A la petición de nulidad de la convocatoria de Subasta el Juzgado contestó con una negativa rotunda negando la posibilidad de admitir tal nulidad de actuaciones. ¿Quién firmaba el Auto del Juzgado?  La Jueza que se había encontrado en “amistad manifiesta” con el Procurador de la parte contraria, había negado –mintiendo- tal relación y se había apartado del procedimiento por “enemistad manifiesta” con el Sr. Castillejo. Todo lo ocurrido en torno a esta actuación irregular de la Jueza, quedó explicado en el articulo precedente: Pocoyo y el juego sucio en la Justicia (I) – pinchando se puede acceder a el- Pues bien, curiosamente, muchos meses después de haberse “retirado” de la tramitación de este asunto, aparece firmando ni más ni menos que la negativa a la solicitud de nulidad de actuaciones, y además lo hace en defensa también de la Letrada de la Administración de Justicia de su Juzgado, que era quien había cometido todas las irregularidades previamente descritas en este documento.

 

 

  • A la petición de nulidad de la celebración de la Subasta y de su adjudicación contestó la Jueza -esta vez sí, la Jueza sustituta- con un Auto en el que también se negaba a aceptarla. Alegaba que al haber tenido oportunidad de quejarse y haber contestado el Juzgado a sus quejas… ¿dónde estaba la indefensión?. Lo que no decía es que el Juzgado se negaba por la vía de los hechos a entrar a analizar las causas de esa indefensión. Se han visto previamente en este mismo artículo. ¿No se sentiría alguien indefenso si en un Juzgado se sacan a subasta sus activos fuera de plazo, con una denominación equivocada, tasados varias decenas de veces por debajo del precio que en ese Juzgado constan tasados por terceros nombrados por el mismo Juzgado, y además, permite el Juzgado que se entreguen al ejecutante unas acciones que son diferentes a las que se sacaron a Subasta? Pues bien la Juez consideró que no se produjo indefensión alguna.

 

Todas estas irregularidades fueron denunciadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una Demanda fechada el 18 de julio de 2017.

En menos de tres meses se recibió comunicación del Tribunal, inadmitiendo la Demanda.

Alegaba el Juez tres cosas para inadmitir:

  1. Que se estaba acudiendo a la Corte como a una “cuarta instancia. Lo que no era así. Se acudía como recurso subsidiario y ante las evidentes vulneraciones de los Derechos Humanos recogidos en la Convención. Como prueba de ello, en la propia Demanda se hacía expresa referencia a las violaciones de los siguientes artículos:
    • Art. 6.1: Derecho a un proceso equitativo: ” toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativamente por un Tribunal independiente e imparcial que decidirá sobre los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil
    • Art. 13: Derecho a un recurso efectivo: “toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados, tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales” Importante hacer notar que se hace expresa mención a que sea un recurso efectivo. Es decir, que sea oído, estudiado y fundamentado en su contestación.
    • Protocolo de París, 20 de marzo de 1952. Art 1: Protección a la propiedad. “Toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino en las condiciones previstas por la Ley y los principios generales del Derecho Internacional
  2. Que se había tenido la oportunidad de presentar escritos ante el Juzgado ante el que se estaba llevando el procedimiento y que “…los Tribunales (españoles) habían contestado esos requerimientos con decisiones que no aparecían como arbitrarias o manifiestamente irrazonables…”. (¡!)
  3. Que “…no hay nada que pueda sugerir que el procedimiento haya sido injusto…” (¡!)

 

Dejamos a los lectores la libre interpretación de esta decisión judicial adoptada por el Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

A la contestación del Juez, se acompañaba un escrito de la Secretaría del Tribunal en el que se dejaba claro que la decisión era inapelable.

Como se puede ver… no había nada que hacer. Tan sólo esperar a que se terminara la vía nacional con algún otro de los procedimientos judiciales en curso y entonces, volver a acudir a la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Como se decía al principio de este post, el Tribunal de Estrasburgo es la máxima autoridad judicial en garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa. Hay que tener fe en la Justicia. 

Pues bien, pocos meses después se agotó también la vía nacional ante los Tribunales Españoles con lo que había comenzado siendo una Denuncia ante la UDEF.

La denuncia y la querella de la que esa denuncia trajo causa, se presentó por:

  • un conjunto de supuestos delitos derivados -parte de ellos- de las actuaciones previamente referidas en este mismo post, por
  • otros supuestos delitos que fueron referidos en el post anterior (Pocoyo y el juego sucio en la Justicia) y por
  • otros supuestos delitos que se describirán en un post posterior.

Tan sólo parece interesante ahora hacer referencia a un detalle más en la supuesta acción delictiva del líder del grupo que se oponía al Sr. Castillejo y de las personas que le acompañaron y apoyaron en sus acciones. Todo para llevar a cabo el asalto irregular sobre Zinkia Entertainment, S.A., una sociedad cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y hacerse de manera fraudulenta con los activos del Sr. Castillejo. 

Pongamos en conocimiento de los lectores la actuación del Banco depositario de las acciones de Zinkia Entertainment, S.A., propiedad de Jomaca 98, S.L., la sociedad mercantil a través de la cual el Sr. Castillejo  mantenía sus activos.

  • Como se refirió previamente, el Banco fue advertido fehacientemente por el Sr. Castillejo de las irregularidades en la Subasta y advertido también para que no entregase las acciones depositadas en la cuenta de valores de Jomaca 98, S.L. al oponente si se presentaba con un título en el que las acciones estuviesen mal referenciadas.

 

  • Pero…. el Banco depositario de las acciones no sólo obvió las advertencias realizadas de manera fehaciente por parte del Sr. Castillejo. Además de hacerlo, emitió un Certificado con información FALSA en el que decía que las acciones estaban en la cuenta del oponente con fecha 8 de junio. Lo hizo con el único interés de poder asegurar al oponente que pudiera votar en la Junta General de Zinkia Entertainment, S.A.. La ley establece que el accionista para poder votar en una Junta General debe tener las acciones en su poder al menos cuatro días antes de la celebración de la Junta General. 

No está de más poner de relive que en este Certificado del Banco, las acciones que aparecen en la cuenta del oponente sí están correctamente referenciadas. Es decir, el Banco vino a perfeccionar la sustracción ilegal de las acciones de la Cuenta de Valores de Jomaca 98, S.L.

  • Pero… veamos. Hay más irregularidades. Resulta que las acciones NO podían estar en la Cuenta de Valores del oponente el día 8 de junio, tal y como asegura el Certificado del Banco. La operación de traspaso de las acciones se llevó a cabo el día 9 de junio. Así quedó acreditado por intervención notarial.

El Banco, además de traspasar unas acciones diferentes a las adjudicadas en la subasta y haber sido advertido de no hacerlo previamente,  había emitido un Certificado con información falsa.

  • Por otra parte,  el Consejo de Administración de Zinkia Entertainment, S.A., reunido en Junta General de la Sociedad y con presencia de Notario, obvió la Certificación del Juzgado que se aportó por parte de la representación legal del Sr. Castillejo. En esa Certificación quedaba claro que la adjudicación de las acciones al oponente no era todavía firme. Ese documento demostraba la falsedad utilizada por el oponente para hacerse con las acciones, la falsedad utilizada para presentarse ante la Junta reclamando el voto sobre esas acciones y el acto de nulidad en el que incurrieron los miembros del Consejo de Administración al permitir que esa Junta General se celebrase.

El Decreto de Adjudicación de acciones NO ERA FIRME el día de la celebración de la Junta de Accionistas de Zinkia. Quedó claro con la Certificación realizada por la Secretaria del Juzgado Mercantil en la que así lo atestiguaba el mismo día de la celebración de la Junta.

  • El oponente había conseguido que el Banco le traspasara unas acciones de una adjudicación que, sin embargo, no era firme

  • El Banco traspasó unas acciones diferentes a las que se habían sacado a Subasta y lo hizo a pesar de haber sido advertido previamente de que no lo hiciera.

  • El Banco emitió un Certificado con información FALSA para permitir al oponente poder acudir a la Junta General y votar con esas acciones que, sin embargo, no le correspondían.

  • El Consejo de Administración de Zinkia Entertainment, S.A. permitió al oponente hacerse presente con esas acciones sustraídas de la cuenta de valores de Jomaca 98, S.L. ,a pesar de haber visto el Certificado del Juzgado que acreditaba no ser posible que esas acciones estuvieran en la cuenta del oponente. Hicieron caso omiso de la advertencia realizada por el abogado del Sr. Castillejo.

Pues bien, aclaradas estas otras irregularidades, volvamos a la cuestión que nos traía a este post: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El Juez en la Demanda presentada por el José María Castillejo -en nombre de Jomaca 98, S.L.- había decidido inadmitirla porque no había visto irregularidades por parte del Juzgado.

Posteriormente, como habíamos dicho,  se cerraron las vías judiciales internas en España en el procedimiento penal que arrancó la presentación de la querella por parte de la UDEF – los jueces tampoco vieron irregularidades en los hechos denunciados ante la UDEF – y por tanto, llegaba el momento de presentar una segunda Demanda ante el Tribunal de Estrasburgo.

En un post futuro detallaremos los detalles de esta Demanda y entraremos a analizar su contenido.

Se podrá ver de ese análisis futuro del contenido de la Demanda cómo se estaba llevando a cabo un proceso fulminante de tortura, malos tratos, tratos crueles, inhumanos y degradantes por medio de los funcionarios públicos de Justicia contra el Sr. Castillejo. 

Pero ahora lo importante es analizar lo que ocurrió con esa segunda Demanda ante el Tribunal de Estrasburgo.

Pues bien, con fecha 16 de febrero de 2018 el Sr. Castillejo, a título particular y como continuación del proceso anteriormente reseñado, presentó una segunda Demanda ante la Corte de Estrasburgo.

En esa Demanda, se incluía una petición especial: una solicitud de incompatibilidad objetiva -algo equivalente a una recusación- contra el Juez que había visto la Demanda anterior. 

Se razonaba por parte del Sr. Castillejo cómo entendía que el Juez podría estar “contaminado” al haber visto un asunto relacionado con el mismo caso previamente, aunque en el que participaban diferentes personas y se discutían circunstancias diferentes y haber tomado una decisión que al entender del Sr. Castillejo y de las pruebas que aportaba no le parecía la correcta.

La recusación o una petición de este tipo es algo que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como cualquier Tribunal de Justicia suelen tomarse con el mayor de los rigores y la mayor seriedad.

Se citaba incluso una sentencia del propio Tribunal al respecto:

Pues bien, pocas semanas después de haber presentado la Demanda ante el Tribunal, llegó la contestación:

Se inadmitía la Demanda.

La razón esgrimida: “…los hechos denunciados entran dentro del ámbito de su competencia, pero no muestran ninguna apariencia de que se hayan violado los derechos y libertades establecidos en la Convención (de Derechos Humanos) o en cualquiera de sus Protocolos...”

En la Demanda se habían denunciado violaciones a los siguientes Artículos:

  • Art. 3: Prohibición de la tortura: haciendo un especial hincapié en la tortura mental y psicológica que las constantes irregularidades llevadas a cabo por parte de los miembros del Poder Judicial habían llevado a cabo y seguían llevando a cabo.
  • Art. 6.1: Derecho a un proceso equitativo
  • Art. 13: Derecho a un recurso efectivo
  • Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar.
  • Protocolo París 20 marzo 1952, Art. 1: Protección a la propiedad
  • Art. 14: Prohibición de la discriminación.
  • Protocolo núm 12, Roma 4 de noviembre de 2000, Art. 1: Prohibición general de la discriminación.

Al Juez no le parecía que se hubiese mostrado apariencia alguna de violación de esos derechos y libertades consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en sus Protocolos.

Algunos de los asuntos presentados en esa Demanda se han explicado en este artículo. Han quedado otros. Pero creemos que los presentados dan capacidad suficiente para que el lector pueda entender y formase una opinión acerca de si el Juez tomó la decisión correcta o no.

Ahora bien, con independencia de lo que usted, estimado lector piense al respecto de esa decisión, hay otra decisión tomada por el Juez que es especialmente llamativa:

La demanda fue inadmitida por el mismo Juez que había inadmitido la primera demanda. El mismo Juez que había sido recusado en la segunda demanda.

¿Cabe una mayor tortura?

Se acudía al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la imposibilidad de encontrar Justicia en España y porque, como se ha dicho, esta Corte de Estrasburgo es la máxima autoridad judicial en garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa. 

Y… ¿qué se encuentra al acudir a ella? El desprecio más absoluto.

El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Sakir vs Grecia, de 24 de marzo de 2016, estableció con la Sentencia cómo las autoridades griegas fallaron a la hora de llevar a cabo la obligación de hacer una investigación efectiva. La investigación que se llevó a cabo fue claramente inadecuada y la Corte entendió que eso era motivo claro de aplicación de violación del Art. 3, el artículo referido a la prohibición de la tortura.

En este caso todo parece indicar que fue un Juez del propio Tribunal Europeo el que llevó a cabo una investigación claramente inadecuada: simplemente no debió haber visto la investigación. Había sido recusado, siguiendo las indicaciones del propio Tribunal.

Recordemos la Sentencia anteriormente citada:

Nos enfrentamos, como se puede ver, a nueva manera de tortura, malos tratos, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de un Juez del Tribunal al que precisamente se acude en busca de Justicia ante la constante violación en España de los Derechos Humanos consagrados por la Convención. 

Una última reflexión: todo esto que le está pasando al Sr. Castillejo, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. A cualquiera nos pueden saltar encima -a la vista de la manera como actúan- y despojarnos de nuestros activos y de nuestra vida.  ¿Estamos dispuestos a seguir permitiendo esta impunidad por parte de supuestos delincuentes?.

 

 

 

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