Pocoyo y el juego sucio de la Justicia

Reproduzco aquí, el post sobre el asalto a Pocoyo que se presenta en la web de la Asociación de Víctimas de Tortura por denunciar Corrupción.

“Un nuevo caso de juego sucio en la Justicia. En este caso ligado con el famoso personaje de animación infantil Pocoyo.

El caso gira alrededor de la existencia de una “relación íntima” entre una Jueza, titular de un Juzgado Mercantil y un Procurador que representaba a un cliente en su Juzgado.

Una “relación íntima“, contraria a las Reglas que deben regir la imparcialidad de un Juez, contraria a la extensa jurisprudencia nacional e internacional y documentalmente probada por un Informe de Detectives y posteriormente verificada por un Informe de la Fiscalía del TSJM. 

La Jueza es la titular del Juzgado Mercantil al que José María Castillejo acudió en busca de protección. Pues bien, la Jueza mantenía lo equivalente a un noviazgo con el Procurador que pasó a representar a un contrario de José María en el Juzgado.

Una vez tuvo José María Castillejo en su poder las pruebas que acreditaban la relación irregular, lo denunció ante el Consejo General del Poder Judicial.

La Jueza negó por escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tal relación existiese -dijo que mantenía con el Procurador la misma relación que mantenía con otros Procuradores que acudían a su Juzgado- y también negó la relación íntima en uno de sus Autos.

Por su parte, el Procurador-una vez conocida la denuncia- presentó un escrito ante el Juzgado diciendo que se retiraba de este caso porque “había alcanzado la edad de jubilación“. La realidad es que sólo “alcanzó la edad de jubilación” en este caso. Siguió trabajando normalmente en todo el resto de casos que llevaba, aceptando incluso nuevos casos. Posteriormente llegó a presentarse ante este mismo Juzgado representando nuevos clientes.

En el Juzgado pasó a sustituir al Procurador su propia hija, también Procuradora. Una hija que trabaja en su mismo despacho con él. Como se puede ver… al final todo quedaba “en casa“. Esta manera de actuar recuerda actuaciones de tipo mafioso: la familia lo primero.

La Jueza poco después de que se presentara la denuncia contra ella ante el CGPJse “retiró” del caso, alegando “enemistad manifiesta” contra José María Castillejo. Sin embargo y, como establece la Ley, seguiría su Juzgado siendo el que llevara el caso.

Uno de los argumentos que esgrimió la autoridad judicial para no llevar a cabo expediente alguno contra ella era que el seguimiento a la Jueza -que nunca se produjo por parte de nadie- había constituido un proceso “extremadamente doloroso” para la Jueza.

Así lo describe el artículo de El Mundo:

Pero… tal y como había quedado perfectamente acreditado por el Informe de los Detectives, el seguimiento se había llevado a cabo al Procurador. No a la Jueza.Ella lo sabía perfectamente. Había recibido copia del Informe de los Detectives.

Todo parece indicar que intentó engañar a sus compañeros de Consejo General del Poder Judicial.

Si no pretendía engañarles, no tendría explicación que dijera que:

  • Se había sentido espiada durante meses, como explica el artículo de El Mundo previamente citado.  Para ello tendría que alegar que tenía unos detectives sobre sus pasos.
  • Dijera también en su Auto que no mantenía relación alguna con el Procurador y que eran “falsas las alegaciones realizadas, así como la causa en la que motiva las mismas“. Según se entiende de lo que decía, no mantenía relación especial o íntima alguna con el Procurador de la parte contraria del Sr. Castillejo en su Juzgado.

Pues bien, José María Castillejo procedió a denunciar las actuaciones ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es el órgano competente ante el que presentar una denuncia de este tipo contra un Juez en ejercicio en la Comunidad de Madrid. Con la denuncia, presentó también la documentación que acreditaba los hechos.

El Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras el examen de las pruebas aportadas, dejó claro en su Informe que la Jueza faltó a la verdad al negarlo.

Una manera elegante de decir que la Jueza mintió en unos de sus Autos y mintió al Consejo General del Poder Judicial.

Lo decía claramente el Fiscal:

  1. “…comprobándose …que efectivamente la relación íntima a que hicimos referencia… efectivamente existió al tiempo de la tramitación por la Magistrada …. del procedimiento concursal, así como del incidente derivado del mismo”
  2. “.. la Magistrada denunciada negó, con ocasión del Auto dictado … su relación con el Procurador denunciado, la cual como ya hemos indicado entendemos que sí existía…”

Pero sin embargo, la Fiscalía del Tribuna Superior de Justicia de Madrid, una vez constatado el presunto delito de falsedad por parte de la Jueza, en vez de tomar cartas en el asunto ante un delito tan grave -la constatación de una Jueza mintiendo en uno sus Autos- decidió archivarlo.

Conviene también leer la recomendación que hizo el Fiscal poco antes de decidir el archivo: mandó a José María Castillejo de vuelta al Juzgado Mercantil del que la Jueza denunciada era y es titular, recomendándole encontrar Justicia en ese Juzgado.

 

El CGPJ decidió no adoptar medida alguna contra ella.

Ni por la queja presentada por José María Castillejo, ni por el supuesto traslado de información posterior que debió darles el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al constatar cómo la Juez había mentido en uno de sus Autos.

El Consejo General del Poder Judicial archivó la queja y no abrió expediente disciplinario alguno.

Está consagrado a nivel nacional y especialmente también a nivel internacional el deber de imparcialidad por parte de los Jueces. Las Normas establecen además claramente como un Juez no debe mantener relación de ningún tipo con un Procurador que opere en su Juzgado. Nada de eso pareció importar al Consejo General del Poder Judicial.

El CGPJ, en defensa de la Jueza, esgrimió una Sentencia del Tribunal Supremo, citando la parte en la que el propio CGPJ acudía con sus alegaciones, mientras que la Sentencia del Alto Tribunal le quitaba la razón.

Además, el CGPJ negó la validez de las pruebas aportadas sin dar razonamiento alguno y parece ser que con el único fin de que los Detectives no acudieran a declarar y se conociera la verdadera naturaleza de la relación que Jueza y Procurador mantenían.

En este sentido conviene reproducir algunas de las afirmaciones contenidas en los dos Informes realizados por los Detectivesque obran en varios de los expedientes citados y de los que esta Asociación ha conseguido una copia:

  1. Creemos queda completamente claro por lo anteriormente expuesto que la relación íntima/amorosa del investigado D. XXXX (el Procurador) con Dña. XXXX (la Jueza) se mantiene profusa y diariamente sin ningún tipo de duda“.
  2. Haciendo referencia a un seguimiento llevado a cabo a la pareja el viernes 7 de marzo de 2014, tras seguirlos a una Oficina de Correos en el que ambos llevaron a cabo gestiones, posteriormente al Casino de Madrid donde ambos jugaron al Black-Jack y a la ruleta y cenaron juntos, después les siguieron hacia Madrid. El Informe sigue diciendo: “…23.21: Observamos estacionan el vehículo antes de llegar al domicilio de la acompañante … Podemos apreciar que ambos ocupantes se prodigan caricias íntimo-amorosas, se besan largamente. Como no parecen estar cómodos, pues la zona está algo iluminada, se trasladan a una zona más oscura y tranquila … donde continúan prodigándose caricias cada vez más íntima y amorosamente...”. Si se examinan las fotos obrantes en el Informe, se puede ver cómo una vez aparcados en el segundo lugar más oscuro, la Jueza que está en el coche -un smart- desaparece durante un buen rato (sin haber salido del coche), es decir, debía estar agachada, mientras el Procurador mantenía la ventana abierta y sonreía mirando hacia los lados. Que el lector saque sus propias conclusiones acerca de dónde estaba y qué hacía la Jueza en ese largo rato y mientras el Procurador sonreía y miraba hacia los lados.

El Tribunal Supremo, presidido por Don Carlos Lemes, presidente también del Consejo General del Poder Judicial –en defensa de la negativa del Consejo del Poder Judicial a llevar a cabo investigación alguna- esgrimió en su sentencia Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para denegar la petición de José María Castillejo.

Lo llamativo del caso es que esas mismas sentencias que esgrimía el Alto Tribunal decían todo lo contrariode lo que sin embargo ellos venían a defender. Citamos lo que en realidad dicen esas Sentencias:

  1. Sentencia Kyprianu vs Chipre: “…el principio de que a un Tribunal se le debe presumir estar libre de perjuicios personales o parcialidad es jurisprudencia largamente establecida por esta Cortea pesar de que en algunos casos puede ser difícil conseguir evidencia con la que refutar la presunción(de imparcialidad), debe recordarse que el requerimiento de imparcialidad objetiva otorga una garantía más importante. En otras palabras, la Corte ha reconocido la dificultad para establecer una violación del artículo 6(que habla de la necesaria imparcialidad de los Jueces) conforme a una parcialidad subjetiva y por esta razón, en la mayoría de los casos, ha tenido en consideración asuntos de imparcialidad enfocada en el examen objetivo... ”  ¿Hay algo más objetivo que lo previamente descrito en los Informes de los Detectives?
  2. Sentencia Gómez de Liaño vs España: “… la Corte recuerda que de acuerdo con los fines del artículo 6.1(referido a la imparcialidad de los Jueces) la imparcialidad debe apreciarse según un enfoque subjetivo, tratando de determinar la convicción y los comportamientos personales de tal Juez en tal ocasión y también según un enfoque objetivo provocando que se asegure que ofrezca las garantías suficientes para excluir, a este respecto, toda duda legítima (ver, entre otras, las sentencias Hauschildt vs Dinamarca, pto 46 y Thomas vs Suiza pto 815, pto 30)...” En el caso de esta cita, hacía el Tribunal Supremo en su sentencia lo mismo que previamente había hecho el CGPJ: citaba como parte de la Sentencia lo que no eran sino las alegaciones presentadas por el Gobierno Español en contra de lo alegado por el Juez en su demanda y que fueron desestimadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Como se puede ver, un manifiesto caso de filibusterimo jurídico tanto por parte del Consejo General del Poder Judicial, como parte del Tribunal Supremo, con el fin de evitar abrir una investigación sobre las actuaciones irregulares de la Juez.

No se quedaron ahí.

  1. El Tribunal Supremo en su sentencia además asimilaba e identificaba al Procurador con el Abogado con el fin de, una vez más, intentar exculpar a la Jueza de la relación irregular con el Procurador que representaba a una de las partes en un caso en su Juzgado. Sin embargo hay grandes e importantes diferencias: uno es el representante de la parte (el Procurador) y otro el defensor de la parte (el abogado). En España no se puede acudir ante un Tribunal de manera personal. Ha de hacerse representado por un Procurador. El Estatuto de los Procuradores de los Tribunales de España aprobado por Real Decreto 1281/2002 define la Procura como una: “profesión libre, independiente y colegiada que tiene como principal misión la representación técnica de aquellos ciudadanos que sean parte en cualquier procedimiento“. El Procurador por tanto, representa a la parte ante el Juzgado. No tiene nada que ver con el abogado, que se limita a defender a la parte.
  2. También con el ánimo de, una vez más, defender a la Juez y atacar a José María Castillejo, decía el Tribunal Supremo que la vía para ir contra una Jueza no era acudir al Consejo General del Poder Judicial, sino presentar una recusación ante el propio Juzgado. Pues bien, dicha recusación había sido presentada en tiempo y forma por José María Castillejo. Han pasado cuatro años desde que la recusación fue presentada ante el Juzgado y la Jueza -que es quien debe dar trámite a la misma- no ha contestado aún y ahí debe estar la Recusación… en un cajón en su Juzgado.

¿Es posible mayor manipulación por parte de los Jueces?

Por sorprendente que parezca, sí que es posible. Sigan leyendo…

¿Qué ocurrió una vez negado todo por parte de la Jueza y comprobado que nada harían contra ella ni el Consejo General del Poder Judicial, ni la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ni el Tribunal Supremo?

Las irregularidades en el Juzgado se multiplicaron.

A los supuestos delincuentes, no les ocurrió nada. Completa impunidad. No solamente no les ocurrió nada. El cliente del Procurador, otros funcionarios de la autoridad judicial y personas unidas al cliente del Procurador, a la vista de la completa impunidad de la que se estaban viendo revestidos, pasaron a actuar de manera furibunda contra José María Castillejo, saltándose la Ley de manera constante, archivando y negando hacer investigación alguna ante lo que se venía denunciando y haciendo gala de esa completa impunidad.

Comenzó contra José María Castillejo, el denunciante de la corrupción existente en el Juzgado a que hacemos referencia, un completo proceso de persecución y ataques, irregularidades en los Juzgados, pérdida del prestigio conseguido tras años de trabajo y finalmente, la pérdida completa de su patrimonio. Incluso se llegaron a producir también ataques en la prensa contra su esposa y sus hijos menores de edad. Aplicaron la estrategia militar de “tierra quemada“: destruir absolutamente todo aquello que pueda ser de utilidad para el enemigo.

La Jueza, mientras tanto, sigue a día de hoy tan contenta en su Juzgado, “impartiendo Justicia“.

El cliente del Procurador pasó a ser el principal beneficiario de las acciones de la sociedad propietaria del famoso personaje infantil Pocoyo.

Todo ello a través de una Subasta irregular -convocada fuera de plazo, con los nombres y con las identificaciones de los activos cambiados-, que le adjudicó los bienes a un precio 26 veces inferior al que los bienes habían sido tasados en el propio Juzgado y haciendo caso omiso de las advertencias de José María Castillejo sobre los errores en la convocatoria de la Subasta.

Tuvieron tiempo para haber podido subsanar los errores. Conocieron y fueron advertidos previamente los errores que la Subasta contenía, pero se negaron a corregirlos.

Evidentemente nadie se presentó a pujar: los activos que sacaban a Subasta no existían. Se había modificado su nombre y lo que era más grave: su identificación. Algo así como sacar a subasta un coche de color azul, pero cambiando el número de bastidor del motor con respecto al coche que verdaderamente se quiere sacar a subasta. Si el número está equivocado, el coche vendido es diferente al que se pretendía vender. Se ponga el comprador como se ponga.

Eso hicieron con el ISIN de las acciones que se sacaban a la venta. Lo cambiaron. Y, como se ha dicho, no hicieron caso a la advertencia del error dada a tiempo por parte del Sr. Castillejo.

Terminada la Subasta adjudicaron al cliente del Procurador los activos que no existían y que habían salido a Subasta. Posteriormente, sin embargo, se le entregaron al cliente del Procurador los que sí existían y no habían sido subastados. Todo ello a un precio 26 veces inferior al de la tasación que constaba en el propio Juzgado y contra la que nadie se había opuesto (habiendo podido hacerlo).

Una vez fueron conscientes de la plena impunidad con que podían actuar, no tuvieron limitaciones.

¿Hay mejor evidencia de la tortura a la que las autoridades judiciales estaban sometiendo a José María Castillejo y junto con él, a todo el resto de pequeños accionistas de Zinkia -compañía cotizada en el Mercado de Valores-?.

 

 

Al mismo tiempo que todo esto ocurría, se llevó a cabo una campaña difamatoria contra José María Castillejo y contra Zinkia, con ¡más de 8.000 artículos en prensa! conteniendo falsedades. Todo ello verificado por un Informe independiente de unas las más prestigiosas consultoras internacionales dedicadas al análisis forense.

Entre otras muchas noticias, se denunciaba un supuesto traslado “fraudulento” del negocio a Panamá… algo que sin embargo era completamente falso. La apertura de una filial en Panamá había sido aprobada por la Administración Concursal -nombrada por otro Juzgado- y también por la Junta General de la Sociedad. Era una iniciativa llevada a cabo con el único objetivo estratégico de ampliar la presencia en América de Pocoyo, su principal mercado entonces. Todo ese trabajo, se ha perdido.

El cliente del Procurador y otro de los “socios” del cliente del Procurador, en este asalto contra Zinkia y contra Pocoyo, presentaron en Panamá una denuncia plagada de falsedades.

José María Castillejo a la vista de la denuncia falsa presentada en Panamá, presentó una querrella contra ellos ante la Audiencia Nacional “por denuncia falsa“.

El principal argumento para no dar trámite a la querella por parte del Fiscal y del Juez de la Audiencia fue decir que “la información sobre los pleitos seguidos en Panamá no era falsa“.

Es decir, se presenta querella por haber recibido una denuncia falsa en Panamá y se contesta para denegar la investigación por parte de la Audiencia Nacional, que no es falso que se ha presentado denuncia en Panamá.

Y por supuesto, sin entrar a analizar el detalle del contenido de la querella. Simplemente negando la existencia de lo denunciado y de sus consecuencias.

Pero no terminó ahí, hubo de todo, hasta amenazas de muerte y una estafa perfectamente organizaday consentida por la autoridad judicial. Aparentemente, con el único fin de vengar a la compañera jueza que había sido encontrada en una situación irregular con el Procurador del mexicano y que llevaba el caso en su Juzgado.

José María Castillejo denunció los hechos ante la Unidad de Delicuencia Económica y Fiscal de la Policia (UDEF)y aportó las pruebas que sostenían la acusación.

La Policía, tras analizar el cúmulo de pruebas todas ellas perfectamente documentadas, dió traslado a los Juzgados solicitando se aperturara una querella criminal contra el cliente del Procurador y se admitió a trámite la querella por parte del Juzgado de Instrucción al haber sido presentada por la UDEF.

El cliente del Procurador fue llamado a declarar.

 

Una vez les llegó al cliente del Procurador y a sus “amistades” la noticia de haber sido admitida a trámite una querella contra ellos en un Juzgado de lo Penal, el proceso fue brevísimo.

Mientras que la Jueza decidía qué hacer con la investigación que había decidido abrir a la vista de las acusaciones trasladadas por la UDEF, el cliente del Procurador, con la desfachatez característica de este tipo de personajes, llegó a calificar en la prensa como “absurda” la investigación llevada a cabo por la Policía, que había terminado dando traslado de la misma a los Juzgados.

¿Sabía el cliente del Procurador lo que iba a ocurrir en el Juzgado de Instrucción? Lo desconocemos, pero curiosamente sus argumentos coincidieron plenamente con los que días después utilizaría la Juez para archivar la causa.

La realidad es que no se examinaron en profundidad ni una sola de las pruebas, ni se llevó a cabo diligencia alguna por parte del Juzgado más allá que tomarle declaración a él. El archivo de la causa se basó en los mismos argumentos esgrimidos por el cliente del Procurador en el artículo previamente referenciado.

La Jueza de lo Penal dejó todo al análisis de la cuestión al Juzgado Mercantil presidido por la Jueza que mantenía una “amistad íntima” con el Procurador del señalado por la UDEF. Ignoró todas las denuncias.

Al archivar no tuvo presente aparentemente que lo que se estaba haciendo era denunciar actuaciones de ámbito penal, llevadas a cabo y permitidas en ese mismo Juzgado. No tuvo presente que las actuaciones se habían podido llevar a cabo sólo gracias a la participación de una Jueza de lo Mercantil y de la Letrada de la Administración de ese Juzgado.

La Juez de lo Penal -a la vista de sus conclusiones- no se daba por enterada que las irregularidades de tipo penal se habían llevado a cabo -todas ellas- en el seno de un procedimiento dentro del Juzgado Mercantil. Daba por bueno, sin analizarlo, lo que ese Juzgado había decidido.

Parecía dejar claro con su argumentación que el Juzgado Mercantil era y es “intocable“.

Venía de dejar claro que no era posible pensar -y mucho menos investigar- que en un Juzgado Mercantil se pudieran cometer delitos o se pudiera permitir que estos se cometieran... Desde luego, ni siquiera se permitía la sospecha. Y todo ello a pesar de que se acreditaban documentalmente todos y cada uno de los supuestos delitos que se denunciaban.

 

 

La Justicia decidió cerrar la puerta a Castillejo.

En Segunda Instancia, tras la apelación interpuesta por José María Castillejo,  la respuesta de los Jueces de la Audiencia Provincial fue que acusar a profesionales de tan diversos ámbitos era como mínimo “difamatorio“.

Sobre todo teniendo presente -tal y como argumentaban los Jueces- que se había desestimado por parte del CGPJla queja presentada por José María Castillejo contra la Magistrada. Una vez más, confundiendo el ámbito administrativo y mercantil con el ámbito penal.

Es decir… una vez desestimada esa queja, se parecía dar a entender que todo se podía hacer por parte de la Magistrada y su Juzgado. “Barra libre“. Ella misma se convertía en Jueza de sus propias actuaciones y no sólo en el ámbito mercantil, también en el ámbito penal.

 

Por otra parte, ya hemos visto de qué manera quedó “desestimada” esa queja: sin análisis alguno, a pesar de lo claro que había dejado la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la actuación delictiva de la Juezay sirviéndose el Tribunal Supremo para archivar la queja de José María Castillejo ante el CGPJ de un argumentario claramente manipulado.

En el procedimiento penal abierto por la UDEF se llegó por parte de los Jueces a la conclusión de archivar sin haber hecho examen ni análisis alguno de las pruebas que se aportaron. Pruebas todas ellas que, sin embargo, sí acreditaban la actuación delictiva tal y como había constatado la UDEF.

Todas las pruebas eran pruebas documentales, muchas de ellas sobre la base de documentos públicos. Nada supuesto o imaginado. Quedaba poco lugar para la investigación: estaba todo aparentemente acreditado.

Los Jueces decidieron obviarlo de una manera completamente descarada.

De la lectura del Auto de archivo de la Audiencia Provincial nos surge una duda en la Asociación de Víctimas de Tortura por denunciar corrupción.

El Auto dice textualmente que:

“…hay que ir tema a tema, que es mucho más operativo que lanzar un órdago contra una Juez, una Funcionaria, una Administración Concursal...”

Parece querer dar a entender que si no se hubiera incluido en la denuncia y posterior querella por parte de la UDEF a la Jueza, la Funcionaria de la Administración de Justicia y la Administración Concursal…. quizá todo hubiera podido ser diferente.

Sigue el Auto diciendo que, si en vez de haberlo metido:

“…. todo a la vez y meter en el mismo saco a todas esas personas imputándoles nada menos que una trama delictiva, es decir, ser una organización criminal coordinada y organizada…”

Podría estar dando a a entender que otro gallo habría cantado.

Es decir, parece que los Jueces le están queriendo decir a José María Castillejo:

“…si usted no se hubiera metido con una Jueza, una Letrada de la Administración de Justicia y una Administración Concursal nombrada por el Juzgado… igual, fíjese por dónde, sí se hubiera investigado todo lo que viene usted a denunciar. Pero…. los funcionarios de Justicia “somos intocables”. Como usted ha incluido a funcionarios de Justicia en la denuncia, no sólo ellos quedan impunes. También el resto de los supuestos delincuentes. Nos da igual lo que hayan hecho….

Si esto fuera así y si estas suposiciones que hacemos como consecuencia de la lectura de los documentos fueran ciertas…

  1. ¿No sería esto una nueva demostración de la organización criminal que gira alrededor de la Administración de Justicia en España?
  2. ¿No sería una nueva prueba evidente del ejercicio de tortura y malos tratos consciente y consentida por parte de determinados oficiales de Justicia del Estado Español?

 

Como ya se ha dicho, la consecuencia para el denunciante fue demoledora: acusaciones infundadas, calumnias, ataques y, finalmente… perderlo todo. Y también para los accionistas de Zinkia, que han visto cómo la presencia de Pocoyo ha prácticamente desaparecido de los mercados internacionales más importantes. La impunidad para los supuestos delincuentes se convirtió en total y absoluta. Con el apoyo firme del poder judicial.

Un nuevo caso de tortura, malos tratos y tratos crueles, inhumanos y degradantes por denunciar un caso de corrupción.

Una demostración de cómo algunos Jueces en España se ven como seres superiores al resto de los ciudadanos. Intocables. Con la capacidad de poder hacer lo que les venga en gana. E impunes.

Viven con la hipótesis y la realidad de que nadie actuará contra ellos. Nadie tiene el valor de hacerlo. La venganza contra aquellos que lo hacen es simplemente terrible. 

Todo parece indicar que no es sólo un proceso de tortura.

Es además una demostración documental de cómo algunos Jueces funcionan como una organización criminal al servicio de sus propios intereses. No al servicio de los intereses de la nación, ni bajo el imperio de la Ley. 

Es esto precisamente lo que de manera constante se viene a denunciar en esta Asociación. De manera sistemática y generalizada en España, cuando se denuncia a una persona corrupta, no se actúa en muchas ocasiones contra el corrupto. Se actúa contra el que denuncia, torturándolo. Y es algo sistemático y generalizado. Un crimen de lesa humanidad. 

 

 

 

 

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  1. 21 agosto, 2018

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